Según fuentes del sector, se trata de un paquete de 200 préstamos fallidos (non performing) con un valor nominal de cien millones de euros, que en su mayoría están respaldados por pisos residenciales, en su mayor parte bloques de viviendas repartidos por Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Comunidad Valencia.
La operación fue aprobada en el último consejo y tiene su origen en la insatisfacción del inversor dada la escasez de producto que empiezan a notar los fondos oportunistas, que compran deuda distressed a precios de derribo.
El público objetivo son fondos especializados internacionales con capacidad de gestión y conocimiento del mercado español.
Aunque el proceso competitivo ya está oficialmente abierto aún no han llegado ofertas. Lo habitual en estos procedimientos es que los interesados presenten ofertas no vinculantes y posteriormente lo hagan en firme. La idea es vender todo el paquete a un único comprador antes de que termine el año.
La SAREB es un contenedor gigante de préstamos fallidos, sobre todo préstamos promotor, que compraron a las cajas de ahorros. El 25,7% del balance restante son activos inmobiliarios. Por tamaño, es mayor que el NAMA irlandés, mucho más antiguo y que prácticamente ha evacuado sus activos problemáticos. Está participado al 45% por el Estado a través del FROB y al 55% por los bancos, con la casi única excepción de BBVA.
La comercialización de sus activos inmobiliarios la tiene delegada en cuatro agentes: Solvia, Altamira asset management, Servihabitat y Haya Real Estate. De media, está comercializando unas 27 unidades al día y tiene una cuota del 4%, baja porque se trata de un mercado muy atomizado. Por primera vez, en 2015 las ventas de suelo superaron a las residenciales. Éstas últimas se están traspasando a un precio medio de 74.000 euros, según el informe anual 2015.
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